El texto de nuestro artículo titulado “Mitos y hechos sobre el intento de golpe de estado en Turquía del 15 de julio de 2016” publicado en elconfidencial.com el 16 de julio de 2019:

Mitos y hechos sobre el intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016

Al amanecer del día 16 de julio de 2016, la situación en Turquía era absolutamente trágica. La noche anterior transcurrió sumida en el terror, bajo la ira de los helicópteros de combate, los tanques y los F-16. El Parlamento, el Complejo Presidencial, las centrales de policía y civiles inocentes fueron bombardeados.

El intento de golpe terrorista, perpetrado por la Organización Terrorista de Fetullah Gülen (FETO) el 15 de julio de 2016, se desarrolló como una operación coordinada conducida simultáneamente en varias grandes ciudades por una facción rebelde de las Fuerzas Armadas turcas que había permanecido infiltrada entre sus filas durante un largo tiempo y tuvo como objetivo al Presidente, al Gobierno democráticamente electo, y al orden constitucional.

Este intento de golpe supuso la violación de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, y ante todo de su derecho a la vida, puesto que 251 personas murieron y más de 2000 resultaron heridas. Constituye, pues, el intento de golpe más sangriento al que Turquía se ha enfrentado, pero es también el primero en ser impedido por la resistencia popular.

Ahora que se cumple el tercer aniversario del que es el episodio más oscuro en la historia reciente de Turquía, todavía tenemos que desmontar los mitos que aún distorsionan la verdadera naturaleza de los acontecimientos relacionados con el 15 de julio, y establecer el relato de los hechos.

FETO venía desde hacía tiempo tramando el horrendo intento de golpe de Estado, pero ciertos acontecimientos hicieron que se precipitara. Dentro de las Fuerzas Armadas se puso en marcha una estrategia para expulsar de sus filas a los oficiales vinculados a FETO. La acción de mayor envergadura contra militares asociados a FETO había de iniciarse durante la reunión del Consejo Militar prevista para agosto de 2016, que había planeado aprobar formalmente varias destituciones. La inminencia de esta decisión condujo a los oficiales vinculados a FETO a intentar acometer el golpe de Estado apenas un mes antes de la fecha en que iban a ser destituidos.

Adicionalmente, como consecuencia a los planes de prevención y a la información de inteligencia recogida previamente sobre el intento de golpe, los conspiradores decidieron desarrollar sus planes de forma obviamente anticipada.

El “15 de julio” era solo la punta del iceberg.

Esta organización terrorista esconde mucho más que aquello que salta a la vista y que sus tácticas violentas. FETO empezó operando en los años 70 bajo la forma de una organización caritativa en el ámbito de la educación. Su líder, Gülen, y sus seguidores simularon constituir un movimiento educativo benévolo y comenzaron una campaña para establecer escuelas, primero en Turquía y más tarde en diversas partes del mundo. FETO, que en apariencia es una organización que gestiona escuelas, centros culturales, y entidades de la sociedad civil, es en realidad un culto armado formado por fanáticos y liderados por un imam retirado, Fetullah Gülen, a quien sus seguidores consideran un mesías y cuyas órdenes son cumplidas al pie de la letra.

FETO ha realizado ingentes inversiones en educación, medios de comunicación y sectores económicos muy diversos. También ha seguido una estrategia sistemática de infiltración en la estructura del Estado con el propósito de derrocar el orden constitucional y establecer a Gülen como su líder espiritual.

Ha atribuido una especial importancia y prioridad a su “visibilidad legal”. Pero a pesar de los esfuerzos de FETO para ser vista a nivel internacional como representante de un Islam moderado, es culpable de serias violaciones de derechos humanos y no tiene reparos en recurrir a la violencia.

A través de métodos ilegales, FETO ha buscado minar el poder del Gobierno y de las Fuerzas Armadas. Una de las vías que han empleado con mayor frecuencia es el envío a la policía de cartas anónimas aportando detalles sobre supuestos comportamientos criminales, la grabación ilegal de conversaciones de cargos públicos para difundir su contenido, y la extorsión.

Para implementar sus planes y acelerar la “purga” contra aquellos que no les apoyaban en el seno de las Fuerzas Armadas, se sirvieron de sus propios medios dentro de la policía y la judicatura, y abrieron procesos judiciales injustos. Lo cierto es que FETO constituyó una estructura paralela dentro de la maquinaria del Estado, esencialmente un Estado profundo, para librarse de sus oponentes o de cualquiera que pudiera suponer una amenaza para su propia existencia.

Conforme se desplegó el golpe, oficiales con rango de general y vinculados a FETO trataron de forzar al Jefe del Estado Mayor, Hulusi Akar, a comunicarse por teléfono con “su líder Fetullah Gülen”. Tras el intento de golpe, los vínculos entre Gülen y sus seguidores han sido confirmados una vez más por las confesiones y declaraciones de integrantes de FETO durante las correspondientes vistas judiciales.

Cientos de miembros de FETO se infiltraron en múltiples instituciones gubernamentales tales como la policía nacional, el ejército o la judicatura. Para infiltrarse en posiciones cruciales, los estudiantes afiliados a FETO dispusieron de las respuestas a las preguntas de los exámenes de acceso a la función pública, facilitadas por sus “hermanos mayores”, que ya estaban infiltrados en estas instituciones. Buscaban tomar el control de los departamentos de inteligencia, recursos humanos, asuntos administrativos y financieros, comunicaciones y tecnologías de la información, para incrementar sus oportunidades de alcanzar puestos cruciales en el proceso de toma de decisiones.

El intento de golpe fue frustrado, y el trauma ha ido siendo superado desde entonces. Un gran número de investigaciones siguen aún en curso, ya que la red de FETO se extendía por todos los segmentos de la sociedad y de la estructura gubernamental. Desafortunadamente estas investigaciones requieren mucho tiempo y el proceso es arduo.

Sin embargo, es importante remarcar que las objeciones a los ceses de funcionarios, así como cualquier arresto, están constantemente sujetos al examen de instancias públicas. Aquellas personas que creen que han sido erróneamente cesadas o procesadas pueden apelar ante las correspondientes instancias nacionales, tales como el Tribunal Constitucional o la Comisión de Investigación sobre las Medidas del Estado de Emergencia, o ante instancias internacionales tales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es crucial que cada caso sea revisado exhaustivamente. En una decisión de fecha 12 de junio de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció a la Comisión de Investigación sobre las Medidas del Estado de Emergencia como una instancia legítima de revisión judicial a nivel nacional. Con fecha 3 de mayo de 2019, esta Comisión de Investigación ya había admitido 126.120 peticiones, y en octubre de 2018 43.000 personas ya se habían reincorporado a sus antiguos puestos, y se había procedido a la reapertura de 360 asociaciones, fundaciones y medios de comunicación.